El paso del tiempo y el escaso presupuesto tornan obsoletos los equipos y los armamentos de las Fuerzas Armadas.
Cada año que transcurre agrava las consecuencias de la ya crónica desinversión que sufren nuestras Fuerzas Armadas, que, al verse privadas del presupuesto necesario, no sólo no pueden adquirir equipamiento nuevo, sino que tampoco pueden mantener ni reparar el existente, que de a poco se vuelve inoperable mientras el personal se ve rezagado en materia de capacitación.
La situación no es nueva. La Argentina invierte en defensa mucho menos que los países de la región y de la Unión Europea. Esto se verifica, como proporción del producto bruto interno (PBI), en gasto por kilómetro cuadrado de superficie o por habitante.
Al margen de esas cifras, el resultado es preocupante: las Fuerzas Armadas no están en condiciones de cumplir hoy con su misión principal.
El atraso en la inversión en esta área adquirió un tono marcado desde el primer gobierno de Carlos Menem, cuando se redujo el presupuesto para Defensa y se privatizaron varias de las plantas del complejo fabril de Fabricaciones Militares.
La desinversión ha continuado. El atraso es tal que para darle un corte y comenzar a revertirlo se requiere un cambio de política. En la Presidencia resultaría cómodo argumentar en voz baja que se han equivocado los gobiernos de la ex presidenta Michelle Bachelet en Chile y de los actuales presidentes Luiz Lula da Silva en Brasil, Nicolas Sarkozy Francia y José Luis Rodríguez Zapatero en España, por citar ejemplos muy diferentes entre sí, en dar a esta área un lugar preponderante y, de ese modo, ceder a perversas presiones antidemocráticas.
Al cabo de siete años de bonanza sin precedente en los dineros públicos argentinos -fruto de la economía internacional, no de la sabiduría de los gobernantes locales-, las Fuerzas Armadas afrontan hoy una situación muy difícil y compleja, que constituye ya una pesada hipoteca para el próximo gobierno, cualquiera sea su signo político. El equipamiento del Ejército tiene una edad promedio superior a los 30 años. De los aviones de combate de la Fuerza Aérea vuela menos del 15 por ciento y no tienen misiles ni munición.
La Armada no puede mantener en forma adecuada los buques de la familia Meko, cuyo sistema es el más moderno; su electrónica está fuera de época. Precisamente, el programa Meko fue un ejemplo: decidió incorporarlo en 1974 el presidente Perón, con aprobación del Congreso. El último barco entró en servicio cuando Néstor Kirchner ya era presidente de la República.
De un total de 60 barcos "sólo 16 están en condiciones de navegar", expresó el diputado radical Julio César Martínez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. En lo que hace a la Fuerza Aérea, solamente uno o dos Mirage estarían en condiciones de volar, y en la aviación naval sólo habría tres aviones Super Etendard operativos.
Este penoso panorama coincide con la actitud de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hacia el personal militar: han logrado desmotivarlo. Las autoridades de Defensa han alterado las exigencias de excelencia profesional para los ascensos, reemplazándolas por criterios políticos de facción.
A esa arbitrariedad se ha sumado el desorden. Las Fuerzas Armadas, con graves penurias presupuestarias y sin equipos, tienen hoy más oficiales superiores, generales, almirantes y brigadieres que en las últimas tres décadas. Ha crecido, asimismo, el personal y la burocracia del Ministerio.
La comparación con nuestros vecinos es elocuente. La Argentina destina el 5,38 por ciento de su presupuesto a Defensa, contra el 12,3 de Chile y el 7,3 de Uruguay. Un estudio de la consultora Nueva Mayoría indica que en 2008 los gastos argentinos en Defensa representaron el 0,87 por ciento del PBI, muy lejos de Ecuador (3,81), Chile (3,73), Colombia (3,34), Uruguay (1,77) y Brasil (1,70). Surinam, con el 0,95 por ciento, invirtió más en Defensa que nuestro país.
A esta altura del deterioro, resulta irrelevante perderse en anécdotas sobre el estado de equipos cuyo mantenimiento es muy oneroso y sus prestaciones inciertas. Incluso hay muchos equipos que sólo tienen una existencia virtual o contable, pues han sido canibalizados y sus repuestos no se fabrican en el mundo desde hace décadas.
Además de mantener lo que es indispensable mantener -porque es lo único que tenemos-, para lo cual el presupuesto no alcanza y tendría que ser incrementado, deberíamos estar analizando en qué va a gastar la Nación para construir su seguridad futura.
Falta una política de largo alcance que contemple el necesario reequipamiento y capacitación. Nuestras Fuerzas Armadas no pueden estar condenadas a la mera subsistencia, desguazando algunos componentes de su sistema de armas para permitir el precario funcionamiento de otros.
Es vergonzoso que algunos pilotos de la Fuerza Aérea se vean obligados a completar su cuota anual de horas de vuelo y de ciclos de despegues y aterrizajes a bordo, como ocurre, de avionetas Cessna.
En un país en el que aún hay niños que mueren de hambre no se trata, obviamente, de lanzarse a una carrera armamentista, sino de dotar a las fuerzas a las que la Constitución consagró a nuestra defensa de los medios necesarios para que estén en condiciones de cumplir ese mandato. Es responsabilidad del Gobierno y, en distinto grado, de la oposición.
No hay soluciones mágicas para la situación a la que se ha llegado, pero debería haber, al menos, decisión política para revertirla en el futuro inmediato.
